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La Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (FEMETE) denuncia el colapso en la gestión de residuos peligrosos en Canarias. Las islas no disponen de instalaciones propias autorizadas para tratar este tipo de residuos, y las comunidades autónomas de la Península —encabezadas por Andalucía— han cerrado progresivamente sus plantas a los envíos procedentes del archipiélago. El resultado: más de 1.000 empresas asociadas a FEMETE se ven hoy incapaces de cumplir sus obligaciones legales, sin que ello dependa de su voluntad.
El problema afecta a toda la cadena productiva: gestores de residuos, chatarreros, instaladores, talleres, constructores, industria alimentaria y sector hotelero. En las islas menores, la situación es directamente inmanejable: no hay ningún gestor que opere con regularidad.
«Las empresas canarias no pueden seguir siendo penalizadas por una carencia de infraestructura que no depende de ellas. Cumplir la ley se ha vuelto, literalmente, imposible.» — David González, presidente de ACANEC y directivo de FEMETE
La situación tiene además fecha límite para el amianto: a partir del 1 de abril, las obras en las que se detecte este material no podrán continuar si no hay vía legal para tratarlo. Los residuos con amianto retirados en Canarias se han multiplicado por cuatro en dos años —de 1.000 toneladas en 2022 a más de 4.100 en 2024, según datos de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias—, lo que convierte este bloqueo en una amenaza directa para el sector de la construcción y la rehabilitación de edificios.
A esto se suma el encarecimiento del transporte marítimo interinsular —con subidas recientes del recargo BAF aplicadas por las navieras— que hace aún más inviable el traslado de residuos entre islas.
FEMETE, en coordinación con FEMEPA (Las Palmas), ha solicitado una reunión urgente con el Consejero de Medio Ambiente, Ángel Montañés, para presentar un plan de acción conjunto. La federación también recuerda que la condición de región ultraperiférica de Canarias reconocida por la UE implica obligaciones específicas del Estado en materia de acceso a servicios esenciales, incluida la gestión ambiental. Las propuestas pasan por conseguir una excepción transitoria a corto plazo e impulsar infraestructuras propias de tratamiento en Canarias a medio plazo, apostando por la economía circular local.
«No podemos permitir que Canarias quede bloqueada por un problema que tiene solución si hay voluntad política. Estamos aquí para exigirla y para construirla junto a las instituciones.» — Yurena Rodríguez, Desguaces Tenerife, equipo directivo de FEMETE
